Se pone clasista el debate en el congreso

La bancada del PAN en el senado votó en contra de lo dicho por Calderón al aumentar el IVA a 16%, el ISR a 30% y reducir los pagos de las grandes empresas (422 grupos empresariales) por impuestos diferidos, aunque se sostuvo la retroactividad en la consolidación fiscal. Los priístas del senado dijeron, por boca de Manlio Fabio Beltrones, que decidieron dejar la retroactividad de la consolidación fiscal, para que sea la suprema corte la que diga si es constitucional o no… Así le asignan un papel legislativo a la corte, actitud cobarde y que anuncia un contubernio insano…

Calderón propuso que los grandes empresarios pagaran en 2010 el 60% de los impuestos que adeudan, pero los diputados le bajaron a 40% y el senado se los dejo en 25%. Los legisladores del PRI insisten en que debemos estar profunda y eternamente agradecidos con los grandes empresarios porque supuestamente generan empleos y por ello hay que condonarles los impuestos que corresponden a ganancias multimillonarias, obtenidas gracias al trabajo de sus empleados… Los diputados y senadores del PRI y del PAN se disputan el honor de defender los intereses empresariales, compiten con furor por ser el verdadero y auténtico partido de la burguesía.

La joya de la corona de la ley de ingresos para 2010 es el anonimato que esta garantiza a las grandes empresas que no paguen sus impuestos, pues ni los diputados votaron que ni ellos podrán conocer la identidad de los evasores fiscales ¡Benditos sean los representantes del pueblo!

DE QUE LA PERRA ES BRAVA, HASTA A LOS DE CASA MUERDE

Martín Trinidad*

Los últimos días de octubre Calderón denunció que las cien empresas más grandes del país apenas pagan el 1.7% de sus ganancias como Impuesto Sobre la Renta (ISR), mientras otras empresas y todos los trabajadores del país pagamos el 28% de nuestros ingresos como ISR. Semanas antes el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó a los legisladores que 422 grandes consorcios empresariales prácticamente no pagan impuestos, pues su contribución se limita, en promedio, al 3% de sus ingresos. Menos de 15 días antes Andrés Manuel López Obrador frente a la cámara de diputados, retomó un señalamiento que hizo meses atrás, que las empresas más poderosas del país no pagan impuestos, recurriendo para ello a toda suerte de trucos, que van desde la filantropía hasta declaraciones fiscales fraudulentas. Cuando menos cuatro años atrás investigadores independientes y el movimiento sindical denunciaron este fraude, resaltando además que los empresarios no están obligados por la ley a pagar impuestos por las ganancias que obtienen como accionistas.

Un día después el señor Calderón volvió a arremeter contra los empresarios más poderosos del país, reclamándoles que esta bien que hagan obras filantrópicas, que promuevan la cultura, den becas y patrocinen equipos deportivos, pero que además deberían pagar, aunque sea una parte de sus impuestos.

Ante la sorpresa de propios y extraños Calderón retomó o coincidió con el discurso de su némesis, López Obrador, y de otros sectores de la izquierda. Acusó de rateros o poco solidarios a los más poderosos empresarios del país, los mismos que contribuyeron a financiar su campaña política por la presidencia de la república, los mismos que pagaron la campaña difamatoria contra López Obrador. Salió a acusar de avaros a quienes respaldaron y ayudaron a legitimar el fraude electoral mediante en cual se impuso en el poder ejecutivo. Abofeteó en público al gran empresariado, su casi único aliado político, que es además en la práctica su patrón.

Panistas, empresarios, asesores, opositores, periodistas… todo mundo se preguntaba ¿Está borracho, está loco o está crudo? Algún pícaro respondió: es que los borrachos siempre dicen la verdad…

Pero no, las afirmaciones de Calderón no tienen origen en el consumo desmesurado de alcohol, sino en la desesperación y la soledad. Cada día es más difícil ocultar el fracaso de su guerra contra el narcotráfico, pues ni en uno solo de todos los municipios del país ha desaparecido el narco, la cantidad de homicidios perpetrados por las bandas del narco y el número de civiles y militares fallecidos en la guerra contra el narco es escandaloso frente a los nulos resultados. A la mitad de su sexenio no logra legitimar su mandato y pierde de manera vergonzosa las elecciones para representantes populares. Fue derrotado en el debate y proceso legislativo con relación al petróleo. Prometió crear empleos, ser el presidente del empleo, pero su administración es la que peores resultados al respecto tiene. Prometió que nuestro país soportaría la crisis económica internacional mejor que nadie, pero la gripita que pronosticó su secretario de hacienda se convirtió en pulmonía fulminante. Organismos internacionales, opositores a su gobierno e investigadores independientes coinciden en su valoración de que la economía más afectada en el planeta y el gobierno con el peor desempeño en el mundo para enfrentar la crisis es precisamente el del señor Calderón.

En semejante situación Calderón enloqueció, hay que insistir, no por su alcoholismo, sino por la frustración e impotencia cuando ve que se cae el acuerdo PRI-PAN para sacar adelante su propuesta de ley de ingresos y presupuesto de egresos para 2010, precisamente en el momento en que empezaron a desvanecerse las mentiras que antepuso para “extinguir” Luz y Fuerza del Centro y mandar al desempleo a casi 45 mil trabajadores.

En tal situación cualquiera habría enloquecido de frustración y de ira: “mira, estos cabrones, seguramente pensó el señor presidente, exigen y presionan todo el tiempo, pero todos los días me están pegando en los medios y para colmó mandan a sus perros del PRI a rechazar la propuesta de ley de ingresos y a chantajearme con esto y con lo otro. ¡Puta madre, ya basta! Todo quieren, pero no ayudan. Están pendejos si creen que me van a chingar, si me hundo yo, nos hundimos todos”.

Así, el señor Calderón salió, más furioso y desesperado que borracho, a denunciar y amenazar implícitamente a las 100 empresas que más ganancias tienen. Entre líneas el discurso de Calderón contenía amenazas graves a los empresarios: “si ustedes no me apoyan políticamente, si continúan saboteando a mi gobierno, yo los voy a denunciar. Ustedes y yo sabemos que evaden el pago de impuestos. Si no se alinean conmigo voy a decirle a la opinión pública cómo hacen para evadir impuestos, voy a decir cuánto ganan, cuánto aportan, cuantos beneficios reciben del gobierno y quienes son ustedes”.

A la luz del estilo de gobernar de Calderón, (consistente, como se sabe, en buscar o inventar un enemigo, al estilo Bush y de casi cualquier otro autoritarismo, externo para al atacarlo tratar de unificar a la nación, con él a la cabeza, para enfrentar al enemigo), la amenaza fue percibida como algo posible, máxime cuando las últimas semanas el discurso de Calderón consistió en una vehemente, por decir lo menos, defensa de los pobres (que él y sus aliados generaron, no hay que olvidarlo). Así se inventó la guerra contra el narcotráfico, contra López Obrador, contra el SME. Además, para los empresarios el valor más importante es la buena fama de sus marcas, el buen nombre de sus empresas y la bravata de Calderón se dirigió precisamente contra ellas. Tanto les importa el buen nombre de sus marcas que parte de la indemnización que Calderón tuvo que pagar a los grandes empresarios fue garantizarles que ni los diputados sabrán cuales de ellos no pagan impuestos, es decir, la garantía de anonimato.

En principio, los empresarios lo tiraron de a loco, luego con su insistencia se pusieron nerviosos y altaneros. Trataron de aplacarlo con suaves pero firmes periodicazos en el hocico, tal como recomienda el famoso “encantador de perros”. Por ejemplo: “yo si pago impuestos, que me manden al SAT”, dijo Salinas Pliego. “No pagamos porque siempre nos dicen que los impuestos van a ser para salud y educación y estas son de muy mala calidad, tanto que los diputados y los funcionarios del gobierno van a hospitales privados”, afirmó cínico y retador Claudio X González (reconocido como ideólogo del empresariado).

Pero la sangre no llegó al río. Los empresarios mandaron a su jauría priísta que se aplacara y llegara a acuerdos con los panistas para sacar avante la propuesta económica de Calderón y en correspondencia el presidente apareció ante los medios rodeado de los empresarios que denunció por avaros y rateros y les pidió perdón diciendo que el no quiso decir lo que todo mundo entendió. No obstante, los patrones, acostumbrados a siempre decir la ultima palabra, por medio del Consejo Coordinador Empresarial todavía reviraron agarrando de su puerquito al secretario Cartens, diciendo: la secretaria de Hacienda informó mal al presidente, el 1.8% es sobre los ingresos no sobre las ganancias, por eso el presidente creyó que pagamos muy pocos impuestos…

Así aplacaron el escándalo, pero… el daño está hecho. Cómo podrá Calderón olvidar el sabotaje de los empresarios, cómo podrán los empresarios olvidar las amenazas de Calderón; perro que muerde una vez lo volverá a hacer.

Lo preocupante es que Calderón ya se atrevió a morder la mano del amo, ya probó la sangre. Ya paso por su mente una vez la idea de tomar el poder, de dar un golpe de mano contra los empresarios y quizá contra el poder legislativo. En adelante cada día tendrá la tentación de dar ese golpe, tomar el poder e imponer su voluntad.

Al mismo tiempo los dueños de las 100 empresas más poderosas del país no perdonarán ni volverán a confiar en un malagradecido que pretende hacerles pagar grandes contribuciones, incluso retroactivamente, que los denuncia como bandidos y que se atreve a amenazarlos, después de que gracias a ellos está donde está. Ya no podrán sacar de su corazón el deseo de que ya termine el sexenio, ni de su cabeza la idea de que tal vez sea necesario sacarlo de ahí.

* Exactivista en retiro ideológico

Errores y fracasos

Desde las primeras horas posteriores al asalto armado a Luz y Fuerza comenzó a notarse el errático comportamiento del gobierno. Actuando como si nos encontráramos en un estado de excepción el gobierno calderonista toma control militar de una empresa que el mismo gobierno administra y es responsable de su funcionamiento, es decir, el gobierno federal perpetra un asalto militar contra una de sus empresas estratégicas pues es la responsable (en nombre del Estado Mexicano) de proveer el servicio eléctrico a todos los habitantes de la zona centro del país.

Es ilegal, pero además extraño, que el gobierno federal tome por asalto una de sus empresas. Para tratar de cubrir las apariencias el sábado 10 de octubre por la noche, después del asalto militar, se publicó en Internet el diario oficial con el decreto de “extinción” de Luz y Fuerza. El termino “extinción” es jurídicamente inexistente, el adecuado para las intensiones de la presidencia era “liquidación”, pero por razones desconocidas, prefirieron usar la palabra extinción. Probablemente los traicionó el subconsciente y la palabra extinción representa mejor lo que el gobierno deseaba hacer con la empresa y el sindicato.

Que un gobierno comunique a la ciudadanía que ha tomado una decisión importante casi en la madrugada de un sábado a través de un medio de comunicación al que sólo tienen acceso el 13 de la población y a penas el 3% cuenta con ese servicio en su domicilio, es algo difícil de calificar por ser un acto inédito. Pero da la impresión de que el gobierno no quería que los ciudadanos se enteraran e hizo la publicación sólo para cubrir el requisito. Pero ¿qué gobierno, que cuente con el apoyo de los ciudadanos, necesita actuar ocultándose en la madrugada de un fin de semana?
A continuación el gobierno fundamenta su decisión en el hecho de que la empresa que administra esta mal administrada y tiene perdidas, pero culpa de ello a los trabajadores y al sindicato, no a las personas que el presidente nombró para dirigir y administrar la empresa.

Y se lanza de manera temeraria y desvergonzada a hilar una serie de mentiras, que con los días se fueron desvaneciendo. Para empezar, el señor Calderón afirmó que Luz y Fuerza tenía grandes pérdidas y consumía muchos recursos del gobierno. Afirmación mal intencionada porque Luz y Fuerza es responsable de brindar un servicio, no de generar ganancias. Pero las supuestas pérdidas provienen del hecho de que Luz y Fuerza compra energía en bloque a CFE a un precio para venderla a los usuarios a un precio menor; así cualquiera pierde. Sin embargo, no se trata de pérdidas sino de subsidio porque los usuarios domiciliarios y los industriales reciben un subsidio en el servicio eléctrico y en ello se consumen los recursos económicos que el gobierno destina a Luz y Fuerza. El sector industrial y comercial, los grandes consumidores reciben más subsidio en términos proporcionales y como monto total. De manera que ese dinero se gastas en subsidiar a los grandes consumidores de energía y no a los trabajadores como dice el gobierno.
Otra mentira que rodó por el suelo fue la referente a los supuestos privilegios de los trabajadores de Luz y Fuerza, porque el promedio de salarios a penas rebasa los seis mil pesos al mes y porque la prensa comercial (El Universal) mostró en un cuadro comparativo de los contratos colectivos de CFE y de Luz y Fuerza, que los salarios y las prestaciones son equivalentes en una y otra institución.

En su discurso justificatorio Calderón llegó a la perversión de afirmar que al despedir a más de 44 mil trabajadores se ahorraría un dinero que se destinaría posteriormente al programa oportunidades. De manera que despedir a trabajadores con salarios medios para usar ese dinero para dar limosna, es, a los ojos de Calderón, una medida justa e inteligente. La falacia es enorme porque cada despedido tiene familia, por lo que con esa medida se lanza a la pobreza cuando menos a 200 mil personas y se afecta económicamente a todas las personas que vendían mercancías y servicios a esos trabajadores y a sus familias y a los proveedores de la empresa que Calderón trata de extinguir. Así, los afectados por el decreto nocturno y casi clandestino de la presidencia son más de un millón de personas.

Aunque el cinismo esta profundamente arraigado en la cultura nacional no debemos olvidar que no es ético y no es legal que un gobierno sustente sus acciones en mentiras y difamaciones contra los ciudadanos a quienes representa y debe proteger.

El asalto militar, el decreto semiclandestino y las mentiras del gobierno se complementaron con una intensa y agobiante campaña de linchamiento moral en los medios de comunicación. De hecho, la campaña difamatoria se inició desde el año 2000 y se intensificó periódicamente, pero alcanzó su máximo y asfixiante nivel, del domingo 11 al miércoles 14 de octubre, esos días no hubo muertos en los frentes de guerra repartidos por todo el país, no hubo catástrofes naturales ni chismes de los empleados de Televisa.

El gobierno y las televisoras invirtieron cientos de millones de pesos en tiempo aire de la radio y la televisión en declarar enemigos de la nación y responsables de todos los males que nos aquejan a los miembros de SME, pero los resultados no fueron muy buenos. Ciertamente sus encuestas decían que la mayoría de los mexicanos estaban encantados con el manotazo autoritario del gobierno. Pero el jueves 15 de octubre alrededor de medio millón de mexicanos salieron a la calle a protestar contra esa acción del gobierno, de manera que la eficiencia de tan costosa e intensa campaña fue muy limitada. Podemos afirmar, sin exagerar que acudieron 500 mil personas porque los directamente afectados son 65 mil trabajadores (incluyendo jubilados) y acordaron acudir todos con sus familias. Suponiendo que solo hayan asistido 50 mil trabajadores y que en promedio los acompañaran tres familiares, esa tarde marcharon 200 mil electricistas y sus familias. A esta cantidad hay que agregar las cientos de organizaciones sociales, civiles y sindicales que acudieron multitudinariamente en apoyo a los electricistas. Incluso las organizaciones que no se movilizan ni en defensa propia, como el sindicato telefonista (cuyo dueño y presidente vitalicio es el flamante diputado Francisco Hernández Juárez), ese día marcharon más de mil trabajadores, a pesar de que el susodicho líder eterno los convocó sólo mediante una fría y ambigua circular.

Seguramente muchas personas que simpatizan con el SME o rechazan el autoritarismo del gobierno no pudieron o no quisieron participar en la movilización. Considerando que no es fácil dedicar una tarde entera para participar en una protesta política, sin exagerar podemos suponer que cuando menos por cada asistente a la marcha otros cinco, que están de acuerdo con dicha protesta, no fueron. Por lo tanto, cuando menos 3 millones de personas en el valle de México apoyan al SME. ¡Terrible fracaso del autoritarismo y su propaganda!

A las conservadoras cuentas anteriores hay que agregar la inconformidad de los usuarios del servicio eléctrico en el resto del país, pues CFE hace cobros indebidos, da un servicio más costoso y de mala calidad. Otros tantos ciudadanos rechazan en general las políticas del gobierno de Calderón y no lo apoyan en esta arbitrariedad. Finalmente es dudoso que la mayoría de la gente coincida en que es una estrategia válida para luchar contra la pobreza mandar al desempleo a casi 45 mil trabajadores.

En cualquier país democrático y en el que exista un estado de derecho, una movilización de medio millón de personas es atendida por el gobierno, que cancela su plan, el ministro responsable renuncia, etc., pero en México la opinión ciudadana no es escuchada. Para resolver los conflictos políticos los ciudadanos deben recurrir a una prolongada lucha de desgaste o a acciones más enérgicas como los paros.

Finalmente, no son pocos los abogados que públicamente han denunciado como ilegal el decreto de Calderón. Incluso una juez federal otorgó el 30 de octubre al SME la suspensión provisional del acto reclamado, es decir, dio entrada en principio al amparo que los electricistas interpusieron contra el decreto de extinción de Luz y Fuerza. En consecuencia, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) no pudo dar por concluida la relación laboral entre los Trabajadores y la empresa, no pudo dar por concluido el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) y tuvo que reconocer al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) como organización representativa de los trabajadores (que no extrabajadores) de Luz y Fuerza del Centro.

Ya encarrerado el SME y para potenciar el apoyo popular con que cuenta, acordó proponer a la asamblea nacional del 5 de noviembre realizar un paro cívico nacional el miércoles 11, es decir, extender de manera activa el movimiento a todo el país. Entre tanto, el secretario del trabajo, Javier lozano, en conferencia de prensa el 4 de noviembre, hizo berrinche en representación de su jefe. Dijo que la junta federal de conciliación y arbitraje reconoció como representantes de los trabajadores a los otros miembros del comité Central del SME, pero no a Martín Esparza, porque ese señor le choca al presidente (¡humm!).

No parece que estemos muy cerca del final de este conflicto y no es posible prever cómo se resolverá, pero su alargamiento y extensión no serán buenos para el gobierno de Calderón que se encuentra gravemente debilitado y aislado. Pero el tiempo también corre contra los electricistas pues depende de la solidaridad de trabajadores y ciudadanos.

Calderón contra el SME: Con trampas y a traición.

Luego de dos años de desgaste y derrotas grandes y pequeñas en la guerra contra el narcotráfico, el gobierno de Calderón decidió buscar un nuevo enemigo que combatir para conseguir legitimidad y apoyo ciudadano.

El presidente y sus asesores acordaron que sería conveniente deshacerse del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) para tener el camino libre para la privatización del servicio eléctrico o cuando menos del uso de la red eléctrica para la transmisión de voz, datos y video; el famoso triple play del servicio de teléfono, Internet y televisión de paga. Para lo cual se aprovecharían los avances en la instalación de fibra óptica, 1000 kilómetros, hasta ahora.

El plan implicaba desechar el convenio firmado con el propio SME por la Secretaria de Energía y Luz y Fuerza, en el que se acordaron medidas para la reorganización de los procesos de trabajo, elevar la productividad, reducir las perdidas del flujo eléctrico y estudiar la posibilidad de crear una nueva empresa pública que aprovechara la red de Luz y Fuerza para proveer el servicio llamado de triple play.

El primer intento para deshacerse del convenio, del contrato colectivo de trabajo (CCT) y del mismo SME, fue crear y alimentar una fuerza sindical para tratar de ganar la dirección del sindicato y con ella convenir cambios sustanciales al CCT y al convenio de productividad. Pero a pesar del crecimiento de practicas viciadas en los procesos internos del sindicato y de una enorme inversión económica en la promoción del candidato opositor, el gobierno calderonista no logró ganar la dirección del SME.

El segundo intento fue aplicar el método usado contra los mineros. El grupo opositor actuó contra la dirección del SME como si se tratara de una dirección charra y corrupta al estilo Elba Esther Gordillo, el Congreso del Trabajo, la CTM, la FSTSE o el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) titular del CCT en Comisión Federal de Electricidad (CFE) y modelo de charrismo y corrupción, con el claro propósito de dividir al SME y así debilitarlo. Pero la mayoría en el SME se dio cuenta de que esas denuncias eran desmesuradas y exageradas, cuando no mentirosas y la fuerza de la oposición comenzó a declinar.

El complemento de las denuncias de corrupción fue la decisión del gobierno de negar de manera ilegal la toma de nota a la planilla ganadora, darle mucho espacio en los medios a la oposición y montar una campaña intensiva de difamación contra el SME y en particular contra Martín Esparza, refiriéndose a él como si fuera Napoleón Gómez Urrutia, cosa que es a todas luces desproporcionada.

Pero la respuesta del sindicato ante las agresiones externas fue unificarse en torno a la dirección electa. El jueves 8 de octubre, luego de una negativa definitiva de la Secretaria del Trabajo a otorgar la toma de nota a la nueva dirección el lunes 5, el SME marchó del Ángel de la Independencia a Los Pinos. Esta movilización mostró que la fuerza de los opositores se reducía aceleradamente, pues asistió la gran mayoría de los agremiados (y en todo caso estaba subordinada a los intereses del sindicato y no a la voluntad del gobierno).

Contra la costumbre, la presidencia recibió a una amplia comisión del SME e incluso, todavía más raro, los atendió el secretario particular del presidente y les prometió que tendrían una entrevista y respuestas el próximo lunes en las instalaciones de Luz y Fuerza.

Para entonces estaba claro para el gobierno que no había logrado dividir al SME y que debía actuar con rapidez o de lo contrario podría iniciar un movimiento largo y fuerte. Para evitarlo, Calderón y sus asesores acordaron deslegitimar al SME por la vía de desaparecerlo, intentando cortar de raíz el problema. Victima de su propio prejuicio y de su propaganda, el gobierno creyó que el SME es lo que ellos creen, una cueva de bandidos despreciada por la mayoría de la sociedad.

Así, actuando como una secta, no como el gobierno de una república, decidieron atacar por sorpresa y a espaldas de la sociedad tomando por asalto la noche del sábado las instalaciones de Luz y Fuerza.

El gobierno optó por la traición con la ingenua creencia de que así evitaría los costos de enfrentar un movimiento que defendiera al SME y con la certeza de que promover la desaparición Luz y Fuerza por las vías legales e institucionales resultaría infructuoso.

Presidente chantajista

Calderón sale a decir que no se vale criticar su proyecto de presupuesto, demandar que no haya más impuestos y al mismo tiempo solicitar más presupuesto. Dice que su proyecto de ley de ingresos (para el cobro de impuestos) es difícil, porque difícil es la situación y que le pide al pueblo de México que hagamos un esfuerzo por salvar a 32 millones de compatriotas en la pobreza. Una vez más recurre al chantaje para tratar de sacar adelante su propuesta económica, pero ni siquiera se le ocurre hacer pagar impuestos a las grandes empresas y sus accionistas, ni grabar las operaciones bursátiles y menos aún suspender o reducir el pago de la deuda publica interna (fobaproa) y externa. En su propuesta de política económica para el 2010 el gobierno de Calderón propone destinar 300 mil millones de pesos al pago de deuda pública. Dinero hay, pero Calderón hace un chantaje demagógico para imponer su política económica, en particular el 2% a todos los bienes y servicios.

Los éxitos de Calderón

Significó todo un éxito para el señor Calderón el mensaje político que dirigió a la nación con motivo de su tercer informe de gobierno. En lugar de informar sobre su trabajo o tal vez hacer un balance de su administración, de la situación política, social y de seguridad del país, por ejemplo, el señor simplemente se saltó en su informe el año sobre el que debía versar y habló del futuro; de cómo deberá ser México, de las tareas que considera necesarias y que no ha hecho. Aunque, claro, no se dijo responsable de nada. Sí, como de costumbre, se dijo convencido... en esta ocasión de que hacen falta reformas, pero de las buenas, de las de a de veras… que hay que pasar de las reformas posibles a las necesarias. Así de contundente, de fuerte, de audaz y de valiente, como Pancho Pantera (según nostálgica gracejada de un diputado panista de apellido ilustre).

Casi se tiró al piso porque sus antecesores y los mexicanos en general no hemos hecho los cambios que él cree salvarían al país. Hasta otra reforma electoral pidió. Seguramente para evitar que algún imitador se imponga en la presidencia mediante un fraude electoral. También (no se sabe si amenazó a los trabajadores o les prometió a los empresarios) mencionó la tan anhelada reforma laboral que de plano borre hasta de la ley los pocos derechos que nos quedan al menos en el papel. Y así por el estilo…

En resumen, el mensaje fue: no hice nada, no pude cambiar nada, pero el futuro, ¡ah, el futuro! Ese será lindo, porque tendremos todo lo que anhelamos y la felicidad invadirá nuestros corazones… Obviamente, el mensaje no era para toda la nación sino para quienes de manera amable y desinteresada ayudaron apagar y a convalidar el fraude electoral que lo colocó en la presidencia.

Aunque demagógico y escapista el mensaje de Calderón fue todo un éxito, pues puso a todo mundo en los medios a discutir los sueños guajiros del señor presidente.

Otro exitazo del equipo de Calderón fue la presentación de su propuesta económica para el año 2010, salvo por las pequeñas groserías que le hicieron a los diputados. Es tan agresiva y cruel la propuesta presentada por Cartens en nombre de Calderón, que cualquier cosa que salga de los debates de la cámara de diputados, será presentada en los medios de comunicación como un éxito de concertación y como una conquista de la oposición. “Los salvamos del IVA disfrazado”, tal vez nos dirán.

Paradójico que quién un par de semanas antes convocara a hacer las reformas necesarias, para no quedar limitados a las posibles (en un juego de ideas un tanto poético pero carente de apego a la realidad), enviara al congreso una propuesta que se propone sacar el dinero de donde ha salido en décadas: los trabajadores (la mayoría de los consumidores son los mismos trabajadores) y el petróleo. Pero a los grandes empresarios no se les toca ni con el pétalo de un impuesto.

Los diputados de chocolate y la cultura priísta

Diez diputados pidieron licencia a su cargo apenas unas horas después de protestar cumplir la constitución, para dejar el lugar a sus jefes políticos.

Como la mayoría de quienes solicitan licencia son mujeres, el asunto se ha tomado como un problema de genero, porque, se dice, los hombres usan a las mujeres para llegar a los puestos de representación popular. También, con mucha razón, se dice que así los partidos y diputados solicitantes de licencia defraudan a la democracia y al sistema de representación política.

La trampa de someter a consideración de los ciudadanos a una persona y dejar a otra el ejercicio de la representación popular la realizan dos priístas, seis de su casa chica, el PVEM (que no es partido, no tiene nada de verde, mucho menos de ecologista y no es de México, sino de una familia), una del PT y otra del PRD, pero es una clara e inconfundible expresión de la cultura que difundió y convirtió en forma de ser del mexicano del siglo XX el PRI, esa que hundió a nuestro país en el pantano de la corrupción.

La priísta es la cultura de la corrupción, es la que para toda ley inventa una trampa, la que siempre encuentra la forma de evadir las leyes, de romper las reglas; de corromperlo todo. Es la cultura del cinismo como coartada: “si no robo yo, otro lo hará”, “no me den, ponga donde hay”, “todos tienen su precio”, “no le hace que roben, pero que salpiquen”, etc. Es la cultura del clientelismo, de la desvergüenza, del robo, de la corrupción en todas sus formas.

Esa cultura fue la que mató a casi 50 niños pequeños en la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, porque con tal de hacer negocio, de obtener un poco o un mucho de dinero extra, de saltarse las reglas, los funcionarios públicos actúan deshonestamente. Con base en el cinismo, la negligencia y la irresponsabilidad, los síndicos y el presidente municipal aceptan que se instale una guardería en una bodega, “al fin que no pasa nada”. En la misma lógica el gobernador le ofrece a amigos, a cómplices y a familiares, que pongan una guardería para ofrecerle el servicio al IMSS: “no hay problema, te consigues un local, unos juguetes y contratas dos o tres muchachas para que cuiden a los niños”. Inmersos en la misma cultura, los funcionarios del IMSS contratan el servicio de guardería prácticamente sin verificación alguna porque “así lo mandan de arriba”, porque los dueños “son influyentes” o porque salpican.

Y nadie se siente culpable o responsable de algo. A nadie se le ocurre renunciar por haber sido cómplice activo o pasivo de un crimen. Cada uno piensa que se limitó a hacer su trabajo, que nadie podía imaginar lo que pasaría, que en los accidentes nadie tiene la culpa, que recibió órdenes, que él que iba a saber, que así está el sistema.

Esa cultura del cinismo, la desvergüenza y el nulo respeto por las demás personas es la que hace suponer a los candidatos que pueden retocar sus fotografías para las campañas electorales e incluso usar imágenes captadas veinte años atrás. Esa cultura priísta es la que les permite autojustificarse a los partidos y a los candidatos por la compra de votos y la coerción a los votantes: “es que así es la cosa, si no lo haces tu, lo harán los demás y perderás”.

Esa cultura ha servido de justificación a los líderes charros para todas sus claudicaciones, traiciones, clientelismo y corrupción.

Esa cultura del yo hago lo que quiero y para lograrlo recurro a lo que sea, es la que esta detrás de la idea genial de poner a una persona como candidata a un puesto de representación popular (para cubrir cuotas de género o para ocultar a candidatos impresentables o perdedores) solo para que posteriormente renuncie y su amo o patrón ejerza en su lugar la representación popular.

Hay pocas cosas tan torcidas y que le quitan todo sentido al sistema de la democracia representativa como los diputados de chocolate. Esto es peor que robar o inventar votos, porque implica que un partido o grupo traiciona y engaña a sus propios electores. Y de paso demuestra que los electores (este hecho les sirve para autojustificarse a los perpetradores de las diputaciones de chocolate) no tienen ni la más remota idea de por quién están votando (ni les importa, en la mayoría de los casos) y en consecuencia tampoco vigilan su desempeño legislativo. Hay un abismo entre representantes populares y ciudadanos.

Esta cultura de indolencia, corrupción, irresponsabilidad, desprecio y cinismo es la que algunos poderosos empresarios, los sectores más conservadores de la jerarquía católica y los herederos del aparato priísta intentan volver a colocar en la presidencia. ¡Cuidado, eso es peor que el panismo! Porque los panistas salieron corruptos y de mala entraña, pero torpes e incompetentes. Los priístas, en cambio, son corruptos, de muy mala entraña y además competentes y eficientes, ellos sí saben cómo hacerlo.

¡Por más que lo mato, el narco sigue vivo!: Calderón

Calderón nos quedó a deber la explicación de por qué su gobierno ha fracasado, no dio explicaciones y tampoco informe, pues el mensaje a la nación lo dedicó, no a evaluar la situación del país ni a explicarnos a los ciudadanos por qué todo le sale mal, sino a decir cómo será el mañana o mejor dicho, cómo él imagina que debería ser el mañana. Volvió a convocar a la unidad y a cambiar.

A Calderón no le gusta informar sobre el pasado inmediato, pero si proponer que el futuro sea como el inalcanzado ideal neoliberal, que por cierto hoy se convierte aceleradamente en el pasado en otros países, como Estados Unidos y la Unión Europea.

Calderón hizo de su guerra contra el narco, el aspecto central de su gobierno. Por ello, es importante saber como va la cosa. En el resumen ejecutivo del tercer informe presidencial, que se puede consultar en http://www.informe.gob.mx/, el titular del poder ejecutivo es muy discreto y no informa cuántos muertos ha provocado su guerra contra el narco, ni cuantos han muerto en la guerra entre pandillas de narcos.

Pero sí nos dice que “El Gobierno Federal realiza de manera permanente y sistemática operativos contra el crimen organizado, lleva a cabo labores de disuasión, prevención, vigilancia, destrucción de plantíos, aseguramiento de drogas, armamento y vehículos, así como de localización y captura de delincuentes”, que son 16 estados los que se han visto bendecidos con dichos operativos, que han dado entre otros resultados, por ejemplo, en Michoacán la captura de (sin albur) miembros clave del cártel de “La familia michoacana”, en Tijuana se decomisaron más de 40 toneladas de marihuana, 780 armas y 148 mil cartucho y en Chihuahua se aseguraron casi 114 toneladas de marihuana, más de 3, 200 armas y 188 mil municiones.

No podemos saber si todo lo que dice el informe es cierto, si se inflaron las cifras o se ocultan hechos, por lo que asumiré que en principio, al menos en este tema el señor calderón no miente.
Continua informando al poder legislativo que este año capturaron a casi 70 capos regionales de todos los cárteles y que ello es más del triple de lo logrado el año pasado. Se agrega una lista de lugartenientes o personajes clave detenidos: 1 de los “Cárdenas Guillén”; 4 del cártel del Golfo; 3 cártel del Pacífico; 1 de los “Beltrán Leyva”; 1 de los “Carrillo Fuentes”; 2 de los “Arellano Félix”, 6 de "La Familia Michoacana". De manera que la bronca es contra todos, pero le fue peor a la familia, ya sea porque se ensañaron con ellos o porque son más torpes.

Para mayor impacto, los redactores del informe presidencial reúnen información de los tres años del gobierno de su jefe, cosa que les agradecemos. En 3 años se han asegurado casi 90 toneladas de cocaína y 5 mil toneladas de marihuana, se decomisaron más de 4 millones de pastillas psicotrópicas, más de 2 toneladas de anfetaminas y más de 18 toneladas de pseudoefedrina.
En tres años han puesto a disposición de las autoridades competentes a 80 mil presuntos participantes en el crimen organizado. Se decomisaron más de 50 mil armas; 27 mil largas y 22 mil cortas. Se aseguraron más de 22 mil vehículos terrestres, 300 marítimos y más de 400 aéreos. Se desmantelaron 180 laboratorios clandestinos.

Se ha detenido a más de mil 400 secuestradores, desarticulado a más de 200 bandas dedicadas al secuestro y liberado a más de mil víctimas. 23 entidades federativas ya cuentan con unidades antisecuestro.

Todo esto se logró mientras el incremento agregado promedio en las percepciones de la tropa (los soldaditos) durante la actual administración equivale al 56% (¡tienen razón los soldados, es tonto ser civil!).

Partiendo de lo informado por la presidencia y del hecho de que no ha trascendido a los medios de comunicación que haya una crisis de abasto de drogas o un boom de precios de las drogas en los Estados Unidos, podemos decir que el negocio del narcotráfico goza de cabal salud y que son los cárteles los que sufren con la guerra de Calderón. En otras palabras, la guerra de Calderón es contra los cárteles, no contra el narcotráfico.

El informe nada dice sobre dinero asegurado o cuentas intervenidas, negocios de lavado desmantelados.

Hay que preguntarse cómo es posible que un presidente presuma que ha detenido a 80 mil narcos… Pues, entonces ¿Cuántos son, cuántos andan libres?, que es posible capturar a 80 mil y el negocio sigue viento en popa… Si decomisan 90 toneladas de cocaína y 5 mil de marihuana, ¿Qué cantidades pasan o se producen en el país sin que sean aseguradas?... Si les han quitado más de 50 mil armas y 22 mil vehículos, ¿Cuántos tienen que el negocio sigue boyante?... Si han desmantelado 180 laboratorios clandestinos, ¿Qué proporción de la producción nacional de meta-anfetaminas representan, si como dijimos no parece haber una crisis de des-abasto en los EU?...

Finalmente, para provocar admiración y sentimiento de gratitud en los lectores del informe se nos dice: “Si además de los asegurado en cocaína, heroína y goma de opio, consideramos la erradicación de marihuana y amapola, en lo que va del sexenio hemos evitado que más de 34 mil millones de dosis de diferentes drogas lleguen al mercado, lo que equivale aproximadamente a más de 5 mil dosis por cada joven mexicano entre los 15 y los 30 años de edad”. Pero si el señor Calderón ha evitado que lleguen al mercado tan enorme cantidad de dosis, ¿Por qué el mercado del narco no se ha colapsado?, ¿Será, a caso, mentira que la mayor parte de la droga que se consume en el norte pasa por nuestro país?, ¿Será que el señor Calderón y sus muchachos hace informes exageran un poquitín?

¡Qué se acaba el agua en la Ciudad de México!

Durante semanas el titular del gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrad, apareció en los medios de comunicación para dar la voz de alerta en relación a la baja en los niveles del agua de las presas El Bosque y Villa Victoria, de Valle de Bravo, que contribuyen de manera importante al abastecimiento de agua para la Ciudad de México.

Ebrad advirtió que por lluvias insuficientes la ciudad enfrentará una crisis de disponibilidad de agua el próximo año. Dice que ha llovido menos este año que en los 20 anteriores, por lo que se hace necesario, desde ahora, reducir el abastecimiento de agua a ciertas delegaciones, y conmina a toda la población a ahorrar agua, es decir, a reducir su consumo.

Anunció la promoción de regaderas ahorradoras de agua, como una solución parcial, pero muy importante, desde su punto de vista.

Paralelamente, Ramón Aguirre Díaz, director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, anunció que el gobierno capitalino se propone concesionar o subrogar la distribución final (red secundaria) y la cobranza por el servicio del agua, para que sea más eficiente el proceso. Advierte que ya muchas ciudades del país y del mundo lo hacen, pero aclara que no se concesionará todo el proceso sino sólo la parte final y la cobranza.

Eso es privatizar parte del servicio, sobre la base de admitir o suponer que el gobierno no puede hacerlo bien. Seguramente será más costoso para los usuarios que además quedaremos convertidos en consumidores o clientes y estaremos a merced de una empresa que medirá y cobrará o suspenderá el servicio.

Se sabe que alrededor del 40% del agua que circula por la red de tuberías de la ciudad de México se pierde en fugas, pero estas no se reparan y aunque Ebrad anunció la creación de cinco plantas de tratamiento, son insuficientes.

Hay que atender la emergencia, es necesario ahorrar, hay que reparar las fugas y crear más plantas de tratamiento del agua, pero el gobierno no parece estar planeando grandes obras, para la recuperación de mantos acuíferos, para el aprovechamiento del agua de lluvia y para reciclar el agua. Con acciones en esta orientación se lograría en pocos años la autosuficiencia hídrica de la Ciudad de México, pues normalmente cae lluvia suficiente como para recuperar los lagos cada año, pero se manda por las tuberías del desagüe a mezclarse con las aguas negras, de ahí a los ríos y luego al mar.

Ni la emergencia por la falta de lluvia, ni la falta de cultura del ahorro de agua, ni las fugas crónicas, ni la ínfima cantidad de agua a la que se le da tratamiento antes de lanzarla a los ríos, ni el casi nulo reciclamiento de agua, ni la incapacidad del gobierno para hacer pagar a los morosos justifican que se pretenda privatizar un servicio que constituye una obligación irrenunciable del todo gobierno, pues implica garantizar el ejercicio de un derecho de vital: tener acceso al agua de buena calidad en cantidad suficiente.

Es más económico y eficiente empezar por controlar y hacer pagar a los grandes consumidores, aunque Aguirre diga que casi no los hay en la ciudad de México y que algunos de ellos tienen pozos propios. Los pozos pueden ser de ellos, pero no el agua.

Las refresqueras y las embotelladoras de agua, deben pagar aunque argumenten que los pozos les pertenecen, pues el agua es de todos y deben pagarla ya que con ella hacen un negocio escalofriante. Recuérdese que venden un litro o un libro y medio en 8 o 10 pesos, cuando a ellos no les cuestas y sólo gastan en la energía eléctrica para sacar el agua, en el tratamiento que le dan, en embotellarla y el costo insignificante de la botella y la etiqueta (más sabor y color, en el caso de las refresqueras).

Los centros comerciales y edificios de oficinas son grandes consumidores, el control y vigilancia de esos consumidores dará mejor resultados que el intento de supervisar al total de la población en sus domicilios.

Parece que la intensión, como en otros temas, es diluir la responsabilidad haciéndonos culpables a todos los ciudadanos, por algo que no decidimos nosotros, para que luego admitamos medidas como la de reducir el abasto, que es un ahorro forzado que se impone a los ciudadanos en sus viviendas y no los edificios de oficinas o centro comerciales. Parece que desde su perspectiva es menos malo dejar sin agua para bañarse y la gente en su casa que a los grandes centros comerciales. En muchas colonias el agua de por si venía escaseando desde hace años, pero ahora, con el discurso de la sequía, esa practica se institucionaliza, en vez de decirle a las grandes consumidores que deben solidarizarse con los ciudadanos y que el agua les llegará sólo tres días a la semana… ¿por que no se puede hacer esto?

El discurso de la emergencia también sirve para que aceptemos ideas como privatizar total o parcialmente el servicio del abastecimiento de agua, con la justificación de que el gobierno es ineficiente cobrando y midiendo el consumo… ¡por favor!… ¡con esa izquierda ni falta hace la derecha!

El tercer informe de Claderón, nos debe un explicación

Contra viento y marea, un grupo de poderosos empresarios, en alianza con la organización clandestina de extrema derecha “el yunque”, la mafia de Elba Esther Gordillo (Presidenta vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación) y el PAN, lograron imponer en la presidencia de la república a Felipe Calderón. Para ello, torcieron la política, pisotearon la ley y al ordenar a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que diera por buena la fraudulenta elección presidencial. Obedientes, los magistrados dijeron que el entonces presidente Fox intervino ilegalmente en el proceso, que se difundió propaganda negra contra López Obrador, que tal vez se rebasaron los topes de gastos de campaña y que el conteo de los votos no estaba del todo claro… Pero la ley se violó poco, no mucho; fueron trampas e irregularidades, chicas, no muy grandes, y en consecuencia, la elección era valida y para que López Obrador y sus seguidores no anduvieran de chillones mandaron a hacer el recuento de los votos de una pequeña muestra de casillas… y así todos contentos.

A la larga, resultó pírrico el triunfo de los malos, a pesar de que ellos creyeron que era el gran triunfo. A tres años de gobierno de Felipe Calderón es evidente que se equivocaron al imponerlo en la presidencia, ni para ellos, los grandes empresarios y políticos corruptos, las cosas van bien.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial se queja de la ineficacia del gobierno y sugiere cambios a la política económica, cuando fueron ellos, los del Consejo ese, como se lo recordó el senador Monreal, quienes financiaron la campaña terrorista y patrocinaron el fraude electoral.

Pero no es la primera queja, a consecuencia del asesinato del hijo de Alejandro Martí, el empresariado promovió una gran movilización contra la inseguridad propiciada o permitida por el gobierno que la cúpula empresarial impuso. Martí expreso el sentir de la gente cuando les dijo: “si no pueden renuncien” y “cobrar sin trabajar también es corrupción”… Los grandes empresarios pagaron la propaganda sucia y apoyaron el fraude y recibieron a cambio el secuestro de sus familiares y crisis económica.

La situación económica paso del catarrito pronosticado por el secretario de hacienda a la caída en 10% del producto interno bruto. La Gaceta UNAM del 27 de agosto de 2009 (número 4,181) en una nota titulada “La economía mexicana, la peor del mundo en 2009”, en la que da cuenta de un encuentro académico, informa que “los programas de política fiscal contracíclica aplicados en México, incluyendo el de incentivos al crecimiento y el empleo, suma 0.8% del producto interno bruto; mientras que en EU, tan solo el del presidente Barack Obama fue 5.6%, en China de 13.5 y en Corea del Sur de 6%, según José Luis Calva. Además, en 27 años de políticas neoliberales el crecimiento económico de nuestro país ha sido cero, por lo que perdimos casi tres décadas de desarrollo.

Desde su asalto a la presidencia el señor Calderón puso como centro de su política una supuesta guerra contra el narcotráfico, que se ha quedado en guerra contra las bandas del narco, cuyo resultado aun es incierto, pero el costo en vidas de la incapacidad del gobierno y de la incompetencia del ejército es equivalente al de una guerra civil.

Más que un informe, lo que Calderón le debe al Congreso de la Unión y a todos los mexicanos es una explicación de por qué nuestra economía es la peor del mundo, por qué cada semana mueren de manera violenta y cruel decenas de personas, por qué la delincuencia y la inseguridad crecen y crecen, por qué el desempleo acelera su crecimiento, y por qué se la pasa diciendo que estamos a punto de salir de la crisis, que esta creando empleos y que todo esta bien.

Para colmo de males el Congreso lo forzó a suspender el acto que planeaba hacer en Palacio Nacional antes de entregar su informe en el palacio legislativo. Mal y de malas.

De todas maneras debemos exigir esa explicación.

Otra vez la Suprema Corte

La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió conceder el amparo que solicitaron a quienes perpetraron la masacre de Acteal en 1997 y en consecuencia fueron liberados. El argumento de los ministros fue que el procedimiento para detenerlos y procesarlos fue incorrecto y plagado de fallas.

En 2006 El tribunal Federal Electoral dijo que Calderón y sus compinches hicieron trampa en las elecciones y que Fox y otros metieron mano negra, pero poco, no mucho, y en consecuencia la elección era válida. En el caso Lidia Cacho la Suprema Corte dijo que se violaron sus derechos humanos, pero no mucho y ni modo. Ahora el argumento es que el proceso fue incorrecto, como si fuera una novedad que en México la autoridad (ministerio público y jueces) hacen mal su trabajo intencionalmente para garantizar a los inculpados la absolución. Hoy los ministros descubren irregularidades escandalosas y so pretexto de ello liberan a asesinos confesos, gente que recibio dinero y una botella de alcohol por matar a sangre fris, con premeditación y ventaja absoluta a personas indefensas, que en muchos casos eran examigos, vecinos y hasta parientes.

Una vez más los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos dicen que en México la ley y la justicia no son compatibles.

Paradójico es el resultado de sus razonamientos, pues mientras las irregularidades en el proceso y supuestas o reales violaciones a los derechos humanos de los acusados sirven para dejar en libertad a los asesinos de Acteal, circunstancia semejante (irregularidades en el proceso y violaciones a los derechos humanos) no funciona para liberar a las victimas de la represión gubernamental en san Salvador Atenco, acusadas de un montón de cosas, pero no de homicidio.

Cada vez que los magistrados deben ocuparse de un caso importante interpretan la ley a conveniencia de del gobierno o de los grandes empresarios. Así, se suma la interpretación malintencionada de la leyes a su hechura a conveniencia de los ricos.