viernes, 17 de junio de 2011
jueves, 4 de febrero de 2010
lunes, 23 de noviembre de 2009
Se pone clasista el debate en el congreso
La bancada del PAN en el senado votó en contra de lo dicho por Calderón al aumentar el IVA a 16%, el ISR a 30% y reducir los pagos de las grandes empresas (422 grupos empresariales) por impuestos diferidos, aunque se sostuvo la retroactividad en la consolidación fiscal. Los priístas del senado dijeron, por boca de Manlio Fabio Beltrones, que decidieron dejar la retroactividad de la consolidación fiscal, para que sea la suprema corte la que diga si es constitucional o no… Así le asignan un papel legislativo a la corte, actitud cobarde y que anuncia un contubernio insano…
Calderón propuso que los grandes empresarios pagaran en 2010 el 60% de los impuestos que adeudan, pero los diputados le bajaron a 40% y el senado se los dejo en 25%. Los legisladores del PRI insisten en que debemos estar profunda y eternamente agradecidos con los grandes empresarios porque supuestamente generan empleos y por ello hay que condonarles los impuestos que corresponden a ganancias multimillonarias, obtenidas gracias al trabajo de sus empleados… Los diputados y senadores del PRI y del PAN se disputan el honor de defender los intereses empresariales, compiten con furor por ser el verdadero y auténtico partido de la burguesía.
La joya de la corona de la ley de ingresos para 2010 es el anonimato que esta garantiza a las grandes empresas que no paguen sus impuestos, pues ni los diputados votaron que ni ellos podrán conocer la identidad de los evasores fiscales ¡Benditos sean los representantes del pueblo!
Calderón propuso que los grandes empresarios pagaran en 2010 el 60% de los impuestos que adeudan, pero los diputados le bajaron a 40% y el senado se los dejo en 25%. Los legisladores del PRI insisten en que debemos estar profunda y eternamente agradecidos con los grandes empresarios porque supuestamente generan empleos y por ello hay que condonarles los impuestos que corresponden a ganancias multimillonarias, obtenidas gracias al trabajo de sus empleados… Los diputados y senadores del PRI y del PAN se disputan el honor de defender los intereses empresariales, compiten con furor por ser el verdadero y auténtico partido de la burguesía.
La joya de la corona de la ley de ingresos para 2010 es el anonimato que esta garantiza a las grandes empresas que no paguen sus impuestos, pues ni los diputados votaron que ni ellos podrán conocer la identidad de los evasores fiscales ¡Benditos sean los representantes del pueblo!
DE QUE LA PERRA ES BRAVA, HASTA A LOS DE CASA MUERDE
Martín Trinidad*
Los últimos días de octubre Calderón denunció que las cien empresas más grandes del país apenas pagan el 1.7% de sus ganancias como Impuesto Sobre la Renta (ISR), mientras otras empresas y todos los trabajadores del país pagamos el 28% de nuestros ingresos como ISR. Semanas antes el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó a los legisladores que 422 grandes consorcios empresariales prácticamente no pagan impuestos, pues su contribución se limita, en promedio, al 3% de sus ingresos. Menos de 15 días antes Andrés Manuel López Obrador frente a la cámara de diputados, retomó un señalamiento que hizo meses atrás, que las empresas más poderosas del país no pagan impuestos, recurriendo para ello a toda suerte de trucos, que van desde la filantropía hasta declaraciones fiscales fraudulentas. Cuando menos cuatro años atrás investigadores independientes y el movimiento sindical denunciaron este fraude, resaltando además que los empresarios no están obligados por la ley a pagar impuestos por las ganancias que obtienen como accionistas.
Un día después el señor Calderón volvió a arremeter contra los empresarios más poderosos del país, reclamándoles que esta bien que hagan obras filantrópicas, que promuevan la cultura, den becas y patrocinen equipos deportivos, pero que además deberían pagar, aunque sea una parte de sus impuestos.
Ante la sorpresa de propios y extraños Calderón retomó o coincidió con el discurso de su némesis, López Obrador, y de otros sectores de la izquierda. Acusó de rateros o poco solidarios a los más poderosos empresarios del país, los mismos que contribuyeron a financiar su campaña política por la presidencia de la república, los mismos que pagaron la campaña difamatoria contra López Obrador. Salió a acusar de avaros a quienes respaldaron y ayudaron a legitimar el fraude electoral mediante en cual se impuso en el poder ejecutivo. Abofeteó en público al gran empresariado, su casi único aliado político, que es además en la práctica su patrón.
Panistas, empresarios, asesores, opositores, periodistas… todo mundo se preguntaba ¿Está borracho, está loco o está crudo? Algún pícaro respondió: es que los borrachos siempre dicen la verdad…
Pero no, las afirmaciones de Calderón no tienen origen en el consumo desmesurado de alcohol, sino en la desesperación y la soledad. Cada día es más difícil ocultar el fracaso de su guerra contra el narcotráfico, pues ni en uno solo de todos los municipios del país ha desaparecido el narco, la cantidad de homicidios perpetrados por las bandas del narco y el número de civiles y militares fallecidos en la guerra contra el narco es escandaloso frente a los nulos resultados. A la mitad de su sexenio no logra legitimar su mandato y pierde de manera vergonzosa las elecciones para representantes populares. Fue derrotado en el debate y proceso legislativo con relación al petróleo. Prometió crear empleos, ser el presidente del empleo, pero su administración es la que peores resultados al respecto tiene. Prometió que nuestro país soportaría la crisis económica internacional mejor que nadie, pero la gripita que pronosticó su secretario de hacienda se convirtió en pulmonía fulminante. Organismos internacionales, opositores a su gobierno e investigadores independientes coinciden en su valoración de que la economía más afectada en el planeta y el gobierno con el peor desempeño en el mundo para enfrentar la crisis es precisamente el del señor Calderón.
En semejante situación Calderón enloqueció, hay que insistir, no por su alcoholismo, sino por la frustración e impotencia cuando ve que se cae el acuerdo PRI-PAN para sacar adelante su propuesta de ley de ingresos y presupuesto de egresos para 2010, precisamente en el momento en que empezaron a desvanecerse las mentiras que antepuso para “extinguir” Luz y Fuerza del Centro y mandar al desempleo a casi 45 mil trabajadores.
En tal situación cualquiera habría enloquecido de frustración y de ira: “mira, estos cabrones, seguramente pensó el señor presidente, exigen y presionan todo el tiempo, pero todos los días me están pegando en los medios y para colmó mandan a sus perros del PRI a rechazar la propuesta de ley de ingresos y a chantajearme con esto y con lo otro. ¡Puta madre, ya basta! Todo quieren, pero no ayudan. Están pendejos si creen que me van a chingar, si me hundo yo, nos hundimos todos”.
Así, el señor Calderón salió, más furioso y desesperado que borracho, a denunciar y amenazar implícitamente a las 100 empresas que más ganancias tienen. Entre líneas el discurso de Calderón contenía amenazas graves a los empresarios: “si ustedes no me apoyan políticamente, si continúan saboteando a mi gobierno, yo los voy a denunciar. Ustedes y yo sabemos que evaden el pago de impuestos. Si no se alinean conmigo voy a decirle a la opinión pública cómo hacen para evadir impuestos, voy a decir cuánto ganan, cuánto aportan, cuantos beneficios reciben del gobierno y quienes son ustedes”.
A la luz del estilo de gobernar de Calderón, (consistente, como se sabe, en buscar o inventar un enemigo, al estilo Bush y de casi cualquier otro autoritarismo, externo para al atacarlo tratar de unificar a la nación, con él a la cabeza, para enfrentar al enemigo), la amenaza fue percibida como algo posible, máxime cuando las últimas semanas el discurso de Calderón consistió en una vehemente, por decir lo menos, defensa de los pobres (que él y sus aliados generaron, no hay que olvidarlo). Así se inventó la guerra contra el narcotráfico, contra López Obrador, contra el SME. Además, para los empresarios el valor más importante es la buena fama de sus marcas, el buen nombre de sus empresas y la bravata de Calderón se dirigió precisamente contra ellas. Tanto les importa el buen nombre de sus marcas que parte de la indemnización que Calderón tuvo que pagar a los grandes empresarios fue garantizarles que ni los diputados sabrán cuales de ellos no pagan impuestos, es decir, la garantía de anonimato.
En principio, los empresarios lo tiraron de a loco, luego con su insistencia se pusieron nerviosos y altaneros. Trataron de aplacarlo con suaves pero firmes periodicazos en el hocico, tal como recomienda el famoso “encantador de perros”. Por ejemplo: “yo si pago impuestos, que me manden al SAT”, dijo Salinas Pliego. “No pagamos porque siempre nos dicen que los impuestos van a ser para salud y educación y estas son de muy mala calidad, tanto que los diputados y los funcionarios del gobierno van a hospitales privados”, afirmó cínico y retador Claudio X González (reconocido como ideólogo del empresariado).
Pero la sangre no llegó al río. Los empresarios mandaron a su jauría priísta que se aplacara y llegara a acuerdos con los panistas para sacar avante la propuesta económica de Calderón y en correspondencia el presidente apareció ante los medios rodeado de los empresarios que denunció por avaros y rateros y les pidió perdón diciendo que el no quiso decir lo que todo mundo entendió. No obstante, los patrones, acostumbrados a siempre decir la ultima palabra, por medio del Consejo Coordinador Empresarial todavía reviraron agarrando de su puerquito al secretario Cartens, diciendo: la secretaria de Hacienda informó mal al presidente, el 1.8% es sobre los ingresos no sobre las ganancias, por eso el presidente creyó que pagamos muy pocos impuestos…
Así aplacaron el escándalo, pero… el daño está hecho. Cómo podrá Calderón olvidar el sabotaje de los empresarios, cómo podrán los empresarios olvidar las amenazas de Calderón; perro que muerde una vez lo volverá a hacer.
Lo preocupante es que Calderón ya se atrevió a morder la mano del amo, ya probó la sangre. Ya paso por su mente una vez la idea de tomar el poder, de dar un golpe de mano contra los empresarios y quizá contra el poder legislativo. En adelante cada día tendrá la tentación de dar ese golpe, tomar el poder e imponer su voluntad.
Al mismo tiempo los dueños de las 100 empresas más poderosas del país no perdonarán ni volverán a confiar en un malagradecido que pretende hacerles pagar grandes contribuciones, incluso retroactivamente, que los denuncia como bandidos y que se atreve a amenazarlos, después de que gracias a ellos está donde está. Ya no podrán sacar de su corazón el deseo de que ya termine el sexenio, ni de su cabeza la idea de que tal vez sea necesario sacarlo de ahí.
* Exactivista en retiro ideológico
Errores y fracasos
Desde las primeras horas posteriores al asalto armado a Luz y Fuerza comenzó a notarse el errático comportamiento del gobierno. Actuando como si nos encontráramos en un estado de excepción el gobierno calderonista toma control militar de una empresa que el mismo gobierno administra y es responsable de su funcionamiento, es decir, el gobierno federal perpetra un asalto militar contra una de sus empresas estratégicas pues es la responsable (en nombre del Estado Mexicano) de proveer el servicio eléctrico a todos los habitantes de la zona centro del país.
Es ilegal, pero además extraño, que el gobierno federal tome por asalto una de sus empresas. Para tratar de cubrir las apariencias el sábado 10 de octubre por la noche, después del asalto militar, se publicó en Internet el diario oficial con el decreto de “extinción” de Luz y Fuerza. El termino “extinción” es jurídicamente inexistente, el adecuado para las intensiones de la presidencia era “liquidación”, pero por razones desconocidas, prefirieron usar la palabra extinción. Probablemente los traicionó el subconsciente y la palabra extinción representa mejor lo que el gobierno deseaba hacer con la empresa y el sindicato.
Que un gobierno comunique a la ciudadanía que ha tomado una decisión importante casi en la madrugada de un sábado a través de un medio de comunicación al que sólo tienen acceso el 13 de la población y a penas el 3% cuenta con ese servicio en su domicilio, es algo difícil de calificar por ser un acto inédito. Pero da la impresión de que el gobierno no quería que los ciudadanos se enteraran e hizo la publicación sólo para cubrir el requisito. Pero ¿qué gobierno, que cuente con el apoyo de los ciudadanos, necesita actuar ocultándose en la madrugada de un fin de semana?
A continuación el gobierno fundamenta su decisión en el hecho de que la empresa que administra esta mal administrada y tiene perdidas, pero culpa de ello a los trabajadores y al sindicato, no a las personas que el presidente nombró para dirigir y administrar la empresa.
Y se lanza de manera temeraria y desvergonzada a hilar una serie de mentiras, que con los días se fueron desvaneciendo. Para empezar, el señor Calderón afirmó que Luz y Fuerza tenía grandes pérdidas y consumía muchos recursos del gobierno. Afirmación mal intencionada porque Luz y Fuerza es responsable de brindar un servicio, no de generar ganancias. Pero las supuestas pérdidas provienen del hecho de que Luz y Fuerza compra energía en bloque a CFE a un precio para venderla a los usuarios a un precio menor; así cualquiera pierde. Sin embargo, no se trata de pérdidas sino de subsidio porque los usuarios domiciliarios y los industriales reciben un subsidio en el servicio eléctrico y en ello se consumen los recursos económicos que el gobierno destina a Luz y Fuerza. El sector industrial y comercial, los grandes consumidores reciben más subsidio en términos proporcionales y como monto total. De manera que ese dinero se gastas en subsidiar a los grandes consumidores de energía y no a los trabajadores como dice el gobierno.
Otra mentira que rodó por el suelo fue la referente a los supuestos privilegios de los trabajadores de Luz y Fuerza, porque el promedio de salarios a penas rebasa los seis mil pesos al mes y porque la prensa comercial (El Universal) mostró en un cuadro comparativo de los contratos colectivos de CFE y de Luz y Fuerza, que los salarios y las prestaciones son equivalentes en una y otra institución.
En su discurso justificatorio Calderón llegó a la perversión de afirmar que al despedir a más de 44 mil trabajadores se ahorraría un dinero que se destinaría posteriormente al programa oportunidades. De manera que despedir a trabajadores con salarios medios para usar ese dinero para dar limosna, es, a los ojos de Calderón, una medida justa e inteligente. La falacia es enorme porque cada despedido tiene familia, por lo que con esa medida se lanza a la pobreza cuando menos a 200 mil personas y se afecta económicamente a todas las personas que vendían mercancías y servicios a esos trabajadores y a sus familias y a los proveedores de la empresa que Calderón trata de extinguir. Así, los afectados por el decreto nocturno y casi clandestino de la presidencia son más de un millón de personas.
Aunque el cinismo esta profundamente arraigado en la cultura nacional no debemos olvidar que no es ético y no es legal que un gobierno sustente sus acciones en mentiras y difamaciones contra los ciudadanos a quienes representa y debe proteger.
El asalto militar, el decreto semiclandestino y las mentiras del gobierno se complementaron con una intensa y agobiante campaña de linchamiento moral en los medios de comunicación. De hecho, la campaña difamatoria se inició desde el año 2000 y se intensificó periódicamente, pero alcanzó su máximo y asfixiante nivel, del domingo 11 al miércoles 14 de octubre, esos días no hubo muertos en los frentes de guerra repartidos por todo el país, no hubo catástrofes naturales ni chismes de los empleados de Televisa.
El gobierno y las televisoras invirtieron cientos de millones de pesos en tiempo aire de la radio y la televisión en declarar enemigos de la nación y responsables de todos los males que nos aquejan a los miembros de SME, pero los resultados no fueron muy buenos. Ciertamente sus encuestas decían que la mayoría de los mexicanos estaban encantados con el manotazo autoritario del gobierno. Pero el jueves 15 de octubre alrededor de medio millón de mexicanos salieron a la calle a protestar contra esa acción del gobierno, de manera que la eficiencia de tan costosa e intensa campaña fue muy limitada. Podemos afirmar, sin exagerar que acudieron 500 mil personas porque los directamente afectados son 65 mil trabajadores (incluyendo jubilados) y acordaron acudir todos con sus familias. Suponiendo que solo hayan asistido 50 mil trabajadores y que en promedio los acompañaran tres familiares, esa tarde marcharon 200 mil electricistas y sus familias. A esta cantidad hay que agregar las cientos de organizaciones sociales, civiles y sindicales que acudieron multitudinariamente en apoyo a los electricistas. Incluso las organizaciones que no se movilizan ni en defensa propia, como el sindicato telefonista (cuyo dueño y presidente vitalicio es el flamante diputado Francisco Hernández Juárez), ese día marcharon más de mil trabajadores, a pesar de que el susodicho líder eterno los convocó sólo mediante una fría y ambigua circular.
Seguramente muchas personas que simpatizan con el SME o rechazan el autoritarismo del gobierno no pudieron o no quisieron participar en la movilización. Considerando que no es fácil dedicar una tarde entera para participar en una protesta política, sin exagerar podemos suponer que cuando menos por cada asistente a la marcha otros cinco, que están de acuerdo con dicha protesta, no fueron. Por lo tanto, cuando menos 3 millones de personas en el valle de México apoyan al SME. ¡Terrible fracaso del autoritarismo y su propaganda!
A las conservadoras cuentas anteriores hay que agregar la inconformidad de los usuarios del servicio eléctrico en el resto del país, pues CFE hace cobros indebidos, da un servicio más costoso y de mala calidad. Otros tantos ciudadanos rechazan en general las políticas del gobierno de Calderón y no lo apoyan en esta arbitrariedad. Finalmente es dudoso que la mayoría de la gente coincida en que es una estrategia válida para luchar contra la pobreza mandar al desempleo a casi 45 mil trabajadores.
En cualquier país democrático y en el que exista un estado de derecho, una movilización de medio millón de personas es atendida por el gobierno, que cancela su plan, el ministro responsable renuncia, etc., pero en México la opinión ciudadana no es escuchada. Para resolver los conflictos políticos los ciudadanos deben recurrir a una prolongada lucha de desgaste o a acciones más enérgicas como los paros.
Finalmente, no son pocos los abogados que públicamente han denunciado como ilegal el decreto de Calderón. Incluso una juez federal otorgó el 30 de octubre al SME la suspensión provisional del acto reclamado, es decir, dio entrada en principio al amparo que los electricistas interpusieron contra el decreto de extinción de Luz y Fuerza. En consecuencia, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) no pudo dar por concluida la relación laboral entre los Trabajadores y la empresa, no pudo dar por concluido el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) y tuvo que reconocer al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) como organización representativa de los trabajadores (que no extrabajadores) de Luz y Fuerza del Centro.
Ya encarrerado el SME y para potenciar el apoyo popular con que cuenta, acordó proponer a la asamblea nacional del 5 de noviembre realizar un paro cívico nacional el miércoles 11, es decir, extender de manera activa el movimiento a todo el país. Entre tanto, el secretario del trabajo, Javier lozano, en conferencia de prensa el 4 de noviembre, hizo berrinche en representación de su jefe. Dijo que la junta federal de conciliación y arbitraje reconoció como representantes de los trabajadores a los otros miembros del comité Central del SME, pero no a Martín Esparza, porque ese señor le choca al presidente (¡humm!).
No parece que estemos muy cerca del final de este conflicto y no es posible prever cómo se resolverá, pero su alargamiento y extensión no serán buenos para el gobierno de Calderón que se encuentra gravemente debilitado y aislado. Pero el tiempo también corre contra los electricistas pues depende de la solidaridad de trabajadores y ciudadanos.
Es ilegal, pero además extraño, que el gobierno federal tome por asalto una de sus empresas. Para tratar de cubrir las apariencias el sábado 10 de octubre por la noche, después del asalto militar, se publicó en Internet el diario oficial con el decreto de “extinción” de Luz y Fuerza. El termino “extinción” es jurídicamente inexistente, el adecuado para las intensiones de la presidencia era “liquidación”, pero por razones desconocidas, prefirieron usar la palabra extinción. Probablemente los traicionó el subconsciente y la palabra extinción representa mejor lo que el gobierno deseaba hacer con la empresa y el sindicato.
Que un gobierno comunique a la ciudadanía que ha tomado una decisión importante casi en la madrugada de un sábado a través de un medio de comunicación al que sólo tienen acceso el 13 de la población y a penas el 3% cuenta con ese servicio en su domicilio, es algo difícil de calificar por ser un acto inédito. Pero da la impresión de que el gobierno no quería que los ciudadanos se enteraran e hizo la publicación sólo para cubrir el requisito. Pero ¿qué gobierno, que cuente con el apoyo de los ciudadanos, necesita actuar ocultándose en la madrugada de un fin de semana?
A continuación el gobierno fundamenta su decisión en el hecho de que la empresa que administra esta mal administrada y tiene perdidas, pero culpa de ello a los trabajadores y al sindicato, no a las personas que el presidente nombró para dirigir y administrar la empresa.
Y se lanza de manera temeraria y desvergonzada a hilar una serie de mentiras, que con los días se fueron desvaneciendo. Para empezar, el señor Calderón afirmó que Luz y Fuerza tenía grandes pérdidas y consumía muchos recursos del gobierno. Afirmación mal intencionada porque Luz y Fuerza es responsable de brindar un servicio, no de generar ganancias. Pero las supuestas pérdidas provienen del hecho de que Luz y Fuerza compra energía en bloque a CFE a un precio para venderla a los usuarios a un precio menor; así cualquiera pierde. Sin embargo, no se trata de pérdidas sino de subsidio porque los usuarios domiciliarios y los industriales reciben un subsidio en el servicio eléctrico y en ello se consumen los recursos económicos que el gobierno destina a Luz y Fuerza. El sector industrial y comercial, los grandes consumidores reciben más subsidio en términos proporcionales y como monto total. De manera que ese dinero se gastas en subsidiar a los grandes consumidores de energía y no a los trabajadores como dice el gobierno.
Otra mentira que rodó por el suelo fue la referente a los supuestos privilegios de los trabajadores de Luz y Fuerza, porque el promedio de salarios a penas rebasa los seis mil pesos al mes y porque la prensa comercial (El Universal) mostró en un cuadro comparativo de los contratos colectivos de CFE y de Luz y Fuerza, que los salarios y las prestaciones son equivalentes en una y otra institución.
En su discurso justificatorio Calderón llegó a la perversión de afirmar que al despedir a más de 44 mil trabajadores se ahorraría un dinero que se destinaría posteriormente al programa oportunidades. De manera que despedir a trabajadores con salarios medios para usar ese dinero para dar limosna, es, a los ojos de Calderón, una medida justa e inteligente. La falacia es enorme porque cada despedido tiene familia, por lo que con esa medida se lanza a la pobreza cuando menos a 200 mil personas y se afecta económicamente a todas las personas que vendían mercancías y servicios a esos trabajadores y a sus familias y a los proveedores de la empresa que Calderón trata de extinguir. Así, los afectados por el decreto nocturno y casi clandestino de la presidencia son más de un millón de personas.
Aunque el cinismo esta profundamente arraigado en la cultura nacional no debemos olvidar que no es ético y no es legal que un gobierno sustente sus acciones en mentiras y difamaciones contra los ciudadanos a quienes representa y debe proteger.
El asalto militar, el decreto semiclandestino y las mentiras del gobierno se complementaron con una intensa y agobiante campaña de linchamiento moral en los medios de comunicación. De hecho, la campaña difamatoria se inició desde el año 2000 y se intensificó periódicamente, pero alcanzó su máximo y asfixiante nivel, del domingo 11 al miércoles 14 de octubre, esos días no hubo muertos en los frentes de guerra repartidos por todo el país, no hubo catástrofes naturales ni chismes de los empleados de Televisa.
El gobierno y las televisoras invirtieron cientos de millones de pesos en tiempo aire de la radio y la televisión en declarar enemigos de la nación y responsables de todos los males que nos aquejan a los miembros de SME, pero los resultados no fueron muy buenos. Ciertamente sus encuestas decían que la mayoría de los mexicanos estaban encantados con el manotazo autoritario del gobierno. Pero el jueves 15 de octubre alrededor de medio millón de mexicanos salieron a la calle a protestar contra esa acción del gobierno, de manera que la eficiencia de tan costosa e intensa campaña fue muy limitada. Podemos afirmar, sin exagerar que acudieron 500 mil personas porque los directamente afectados son 65 mil trabajadores (incluyendo jubilados) y acordaron acudir todos con sus familias. Suponiendo que solo hayan asistido 50 mil trabajadores y que en promedio los acompañaran tres familiares, esa tarde marcharon 200 mil electricistas y sus familias. A esta cantidad hay que agregar las cientos de organizaciones sociales, civiles y sindicales que acudieron multitudinariamente en apoyo a los electricistas. Incluso las organizaciones que no se movilizan ni en defensa propia, como el sindicato telefonista (cuyo dueño y presidente vitalicio es el flamante diputado Francisco Hernández Juárez), ese día marcharon más de mil trabajadores, a pesar de que el susodicho líder eterno los convocó sólo mediante una fría y ambigua circular.
Seguramente muchas personas que simpatizan con el SME o rechazan el autoritarismo del gobierno no pudieron o no quisieron participar en la movilización. Considerando que no es fácil dedicar una tarde entera para participar en una protesta política, sin exagerar podemos suponer que cuando menos por cada asistente a la marcha otros cinco, que están de acuerdo con dicha protesta, no fueron. Por lo tanto, cuando menos 3 millones de personas en el valle de México apoyan al SME. ¡Terrible fracaso del autoritarismo y su propaganda!
A las conservadoras cuentas anteriores hay que agregar la inconformidad de los usuarios del servicio eléctrico en el resto del país, pues CFE hace cobros indebidos, da un servicio más costoso y de mala calidad. Otros tantos ciudadanos rechazan en general las políticas del gobierno de Calderón y no lo apoyan en esta arbitrariedad. Finalmente es dudoso que la mayoría de la gente coincida en que es una estrategia válida para luchar contra la pobreza mandar al desempleo a casi 45 mil trabajadores.
En cualquier país democrático y en el que exista un estado de derecho, una movilización de medio millón de personas es atendida por el gobierno, que cancela su plan, el ministro responsable renuncia, etc., pero en México la opinión ciudadana no es escuchada. Para resolver los conflictos políticos los ciudadanos deben recurrir a una prolongada lucha de desgaste o a acciones más enérgicas como los paros.
Finalmente, no son pocos los abogados que públicamente han denunciado como ilegal el decreto de Calderón. Incluso una juez federal otorgó el 30 de octubre al SME la suspensión provisional del acto reclamado, es decir, dio entrada en principio al amparo que los electricistas interpusieron contra el decreto de extinción de Luz y Fuerza. En consecuencia, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) no pudo dar por concluida la relación laboral entre los Trabajadores y la empresa, no pudo dar por concluido el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) y tuvo que reconocer al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) como organización representativa de los trabajadores (que no extrabajadores) de Luz y Fuerza del Centro.
Ya encarrerado el SME y para potenciar el apoyo popular con que cuenta, acordó proponer a la asamblea nacional del 5 de noviembre realizar un paro cívico nacional el miércoles 11, es decir, extender de manera activa el movimiento a todo el país. Entre tanto, el secretario del trabajo, Javier lozano, en conferencia de prensa el 4 de noviembre, hizo berrinche en representación de su jefe. Dijo que la junta federal de conciliación y arbitraje reconoció como representantes de los trabajadores a los otros miembros del comité Central del SME, pero no a Martín Esparza, porque ese señor le choca al presidente (¡humm!).
No parece que estemos muy cerca del final de este conflicto y no es posible prever cómo se resolverá, pero su alargamiento y extensión no serán buenos para el gobierno de Calderón que se encuentra gravemente debilitado y aislado. Pero el tiempo también corre contra los electricistas pues depende de la solidaridad de trabajadores y ciudadanos.
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