Desde las primeras horas posteriores al asalto armado a Luz y Fuerza comenzó a notarse el errático comportamiento del gobierno. Actuando como si nos encontráramos en un estado de excepción el gobierno calderonista toma control militar de una empresa que el mismo gobierno administra y es responsable de su funcionamiento, es decir, el gobierno federal perpetra un asalto militar contra una de sus empresas estratégicas pues es la responsable (en nombre del Estado Mexicano) de proveer el servicio eléctrico a todos los habitantes de la zona centro del país.
Es ilegal, pero además extraño, que el gobierno federal tome por asalto una de sus empresas. Para tratar de cubrir las apariencias el sábado 10 de octubre por la noche, después del asalto militar, se publicó en Internet el diario oficial con el decreto de “extinción” de Luz y Fuerza. El termino “extinción” es jurídicamente inexistente, el adecuado para las intensiones de la presidencia era “liquidación”, pero por razones desconocidas, prefirieron usar la palabra extinción. Probablemente los traicionó el subconsciente y la palabra extinción representa mejor lo que el gobierno deseaba hacer con la empresa y el sindicato.
Que un gobierno comunique a la ciudadanía que ha tomado una decisión importante casi en la madrugada de un sábado a través de un medio de comunicación al que sólo tienen acceso el 13 de la población y a penas el 3% cuenta con ese servicio en su domicilio, es algo difícil de calificar por ser un acto inédito. Pero da la impresión de que el gobierno no quería que los ciudadanos se enteraran e hizo la publicación sólo para cubrir el requisito. Pero ¿qué gobierno, que cuente con el apoyo de los ciudadanos, necesita actuar ocultándose en la madrugada de un fin de semana?
A continuación el gobierno fundamenta su decisión en el hecho de que la empresa que administra esta mal administrada y tiene perdidas, pero culpa de ello a los trabajadores y al sindicato, no a las personas que el presidente nombró para dirigir y administrar la empresa.
Y se lanza de manera temeraria y desvergonzada a hilar una serie de mentiras, que con los días se fueron desvaneciendo. Para empezar, el señor Calderón afirmó que Luz y Fuerza tenía grandes pérdidas y consumía muchos recursos del gobierno. Afirmación mal intencionada porque Luz y Fuerza es responsable de brindar un servicio, no de generar ganancias. Pero las supuestas pérdidas provienen del hecho de que Luz y Fuerza compra energía en bloque a CFE a un precio para venderla a los usuarios a un precio menor; así cualquiera pierde. Sin embargo, no se trata de pérdidas sino de subsidio porque los usuarios domiciliarios y los industriales reciben un subsidio en el servicio eléctrico y en ello se consumen los recursos económicos que el gobierno destina a Luz y Fuerza. El sector industrial y comercial, los grandes consumidores reciben más subsidio en términos proporcionales y como monto total. De manera que ese dinero se gastas en subsidiar a los grandes consumidores de energía y no a los trabajadores como dice el gobierno.
Otra mentira que rodó por el suelo fue la referente a los supuestos privilegios de los trabajadores de Luz y Fuerza, porque el promedio de salarios a penas rebasa los seis mil pesos al mes y porque la prensa comercial (El Universal) mostró en un cuadro comparativo de los contratos colectivos de CFE y de Luz y Fuerza, que los salarios y las prestaciones son equivalentes en una y otra institución.
En su discurso justificatorio Calderón llegó a la perversión de afirmar que al despedir a más de 44 mil trabajadores se ahorraría un dinero que se destinaría posteriormente al programa oportunidades. De manera que despedir a trabajadores con salarios medios para usar ese dinero para dar limosna, es, a los ojos de Calderón, una medida justa e inteligente. La falacia es enorme porque cada despedido tiene familia, por lo que con esa medida se lanza a la pobreza cuando menos a 200 mil personas y se afecta económicamente a todas las personas que vendían mercancías y servicios a esos trabajadores y a sus familias y a los proveedores de la empresa que Calderón trata de extinguir. Así, los afectados por el decreto nocturno y casi clandestino de la presidencia son más de un millón de personas.
Aunque el cinismo esta profundamente arraigado en la cultura nacional no debemos olvidar que no es ético y no es legal que un gobierno sustente sus acciones en mentiras y difamaciones contra los ciudadanos a quienes representa y debe proteger.
El asalto militar, el decreto semiclandestino y las mentiras del gobierno se complementaron con una intensa y agobiante campaña de linchamiento moral en los medios de comunicación. De hecho, la campaña difamatoria se inició desde el año 2000 y se intensificó periódicamente, pero alcanzó su máximo y asfixiante nivel, del domingo 11 al miércoles 14 de octubre, esos días no hubo muertos en los frentes de guerra repartidos por todo el país, no hubo catástrofes naturales ni chismes de los empleados de Televisa.
El gobierno y las televisoras invirtieron cientos de millones de pesos en tiempo aire de la radio y la televisión en declarar enemigos de la nación y responsables de todos los males que nos aquejan a los miembros de SME, pero los resultados no fueron muy buenos. Ciertamente sus encuestas decían que la mayoría de los mexicanos estaban encantados con el manotazo autoritario del gobierno. Pero el jueves 15 de octubre alrededor de medio millón de mexicanos salieron a la calle a protestar contra esa acción del gobierno, de manera que la eficiencia de tan costosa e intensa campaña fue muy limitada. Podemos afirmar, sin exagerar que acudieron 500 mil personas porque los directamente afectados son 65 mil trabajadores (incluyendo jubilados) y acordaron acudir todos con sus familias. Suponiendo que solo hayan asistido 50 mil trabajadores y que en promedio los acompañaran tres familiares, esa tarde marcharon 200 mil electricistas y sus familias. A esta cantidad hay que agregar las cientos de organizaciones sociales, civiles y sindicales que acudieron multitudinariamente en apoyo a los electricistas. Incluso las organizaciones que no se movilizan ni en defensa propia, como el sindicato telefonista (cuyo dueño y presidente vitalicio es el flamante diputado Francisco Hernández Juárez), ese día marcharon más de mil trabajadores, a pesar de que el susodicho líder eterno los convocó sólo mediante una fría y ambigua circular.
Seguramente muchas personas que simpatizan con el SME o rechazan el autoritarismo del gobierno no pudieron o no quisieron participar en la movilización. Considerando que no es fácil dedicar una tarde entera para participar en una protesta política, sin exagerar podemos suponer que cuando menos por cada asistente a la marcha otros cinco, que están de acuerdo con dicha protesta, no fueron. Por lo tanto, cuando menos 3 millones de personas en el valle de México apoyan al SME. ¡Terrible fracaso del autoritarismo y su propaganda!
A las conservadoras cuentas anteriores hay que agregar la inconformidad de los usuarios del servicio eléctrico en el resto del país, pues CFE hace cobros indebidos, da un servicio más costoso y de mala calidad. Otros tantos ciudadanos rechazan en general las políticas del gobierno de Calderón y no lo apoyan en esta arbitrariedad. Finalmente es dudoso que la mayoría de la gente coincida en que es una estrategia válida para luchar contra la pobreza mandar al desempleo a casi 45 mil trabajadores.
En cualquier país democrático y en el que exista un estado de derecho, una movilización de medio millón de personas es atendida por el gobierno, que cancela su plan, el ministro responsable renuncia, etc., pero en México la opinión ciudadana no es escuchada. Para resolver los conflictos políticos los ciudadanos deben recurrir a una prolongada lucha de desgaste o a acciones más enérgicas como los paros.
Finalmente, no son pocos los abogados que públicamente han denunciado como ilegal el decreto de Calderón. Incluso una juez federal otorgó el 30 de octubre al SME la suspensión provisional del acto reclamado, es decir, dio entrada en principio al amparo que los electricistas interpusieron contra el decreto de extinción de Luz y Fuerza. En consecuencia, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) no pudo dar por concluida la relación laboral entre los Trabajadores y la empresa, no pudo dar por concluido el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) y tuvo que reconocer al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) como organización representativa de los trabajadores (que no extrabajadores) de Luz y Fuerza del Centro.
Ya encarrerado el SME y para potenciar el apoyo popular con que cuenta, acordó proponer a la asamblea nacional del 5 de noviembre realizar un paro cívico nacional el miércoles 11, es decir, extender de manera activa el movimiento a todo el país. Entre tanto, el secretario del trabajo, Javier lozano, en conferencia de prensa el 4 de noviembre, hizo berrinche en representación de su jefe. Dijo que la junta federal de conciliación y arbitraje reconoció como representantes de los trabajadores a los otros miembros del comité Central del SME, pero no a Martín Esparza, porque ese señor le choca al presidente (¡humm!).
No parece que estemos muy cerca del final de este conflicto y no es posible prever cómo se resolverá, pero su alargamiento y extensión no serán buenos para el gobierno de Calderón que se encuentra gravemente debilitado y aislado. Pero el tiempo también corre contra los electricistas pues depende de la solidaridad de trabajadores y ciudadanos.
Es ilegal, pero además extraño, que el gobierno federal tome por asalto una de sus empresas. Para tratar de cubrir las apariencias el sábado 10 de octubre por la noche, después del asalto militar, se publicó en Internet el diario oficial con el decreto de “extinción” de Luz y Fuerza. El termino “extinción” es jurídicamente inexistente, el adecuado para las intensiones de la presidencia era “liquidación”, pero por razones desconocidas, prefirieron usar la palabra extinción. Probablemente los traicionó el subconsciente y la palabra extinción representa mejor lo que el gobierno deseaba hacer con la empresa y el sindicato.
Que un gobierno comunique a la ciudadanía que ha tomado una decisión importante casi en la madrugada de un sábado a través de un medio de comunicación al que sólo tienen acceso el 13 de la población y a penas el 3% cuenta con ese servicio en su domicilio, es algo difícil de calificar por ser un acto inédito. Pero da la impresión de que el gobierno no quería que los ciudadanos se enteraran e hizo la publicación sólo para cubrir el requisito. Pero ¿qué gobierno, que cuente con el apoyo de los ciudadanos, necesita actuar ocultándose en la madrugada de un fin de semana?
A continuación el gobierno fundamenta su decisión en el hecho de que la empresa que administra esta mal administrada y tiene perdidas, pero culpa de ello a los trabajadores y al sindicato, no a las personas que el presidente nombró para dirigir y administrar la empresa.
Y se lanza de manera temeraria y desvergonzada a hilar una serie de mentiras, que con los días se fueron desvaneciendo. Para empezar, el señor Calderón afirmó que Luz y Fuerza tenía grandes pérdidas y consumía muchos recursos del gobierno. Afirmación mal intencionada porque Luz y Fuerza es responsable de brindar un servicio, no de generar ganancias. Pero las supuestas pérdidas provienen del hecho de que Luz y Fuerza compra energía en bloque a CFE a un precio para venderla a los usuarios a un precio menor; así cualquiera pierde. Sin embargo, no se trata de pérdidas sino de subsidio porque los usuarios domiciliarios y los industriales reciben un subsidio en el servicio eléctrico y en ello se consumen los recursos económicos que el gobierno destina a Luz y Fuerza. El sector industrial y comercial, los grandes consumidores reciben más subsidio en términos proporcionales y como monto total. De manera que ese dinero se gastas en subsidiar a los grandes consumidores de energía y no a los trabajadores como dice el gobierno.
Otra mentira que rodó por el suelo fue la referente a los supuestos privilegios de los trabajadores de Luz y Fuerza, porque el promedio de salarios a penas rebasa los seis mil pesos al mes y porque la prensa comercial (El Universal) mostró en un cuadro comparativo de los contratos colectivos de CFE y de Luz y Fuerza, que los salarios y las prestaciones son equivalentes en una y otra institución.
En su discurso justificatorio Calderón llegó a la perversión de afirmar que al despedir a más de 44 mil trabajadores se ahorraría un dinero que se destinaría posteriormente al programa oportunidades. De manera que despedir a trabajadores con salarios medios para usar ese dinero para dar limosna, es, a los ojos de Calderón, una medida justa e inteligente. La falacia es enorme porque cada despedido tiene familia, por lo que con esa medida se lanza a la pobreza cuando menos a 200 mil personas y se afecta económicamente a todas las personas que vendían mercancías y servicios a esos trabajadores y a sus familias y a los proveedores de la empresa que Calderón trata de extinguir. Así, los afectados por el decreto nocturno y casi clandestino de la presidencia son más de un millón de personas.
Aunque el cinismo esta profundamente arraigado en la cultura nacional no debemos olvidar que no es ético y no es legal que un gobierno sustente sus acciones en mentiras y difamaciones contra los ciudadanos a quienes representa y debe proteger.
El asalto militar, el decreto semiclandestino y las mentiras del gobierno se complementaron con una intensa y agobiante campaña de linchamiento moral en los medios de comunicación. De hecho, la campaña difamatoria se inició desde el año 2000 y se intensificó periódicamente, pero alcanzó su máximo y asfixiante nivel, del domingo 11 al miércoles 14 de octubre, esos días no hubo muertos en los frentes de guerra repartidos por todo el país, no hubo catástrofes naturales ni chismes de los empleados de Televisa.
El gobierno y las televisoras invirtieron cientos de millones de pesos en tiempo aire de la radio y la televisión en declarar enemigos de la nación y responsables de todos los males que nos aquejan a los miembros de SME, pero los resultados no fueron muy buenos. Ciertamente sus encuestas decían que la mayoría de los mexicanos estaban encantados con el manotazo autoritario del gobierno. Pero el jueves 15 de octubre alrededor de medio millón de mexicanos salieron a la calle a protestar contra esa acción del gobierno, de manera que la eficiencia de tan costosa e intensa campaña fue muy limitada. Podemos afirmar, sin exagerar que acudieron 500 mil personas porque los directamente afectados son 65 mil trabajadores (incluyendo jubilados) y acordaron acudir todos con sus familias. Suponiendo que solo hayan asistido 50 mil trabajadores y que en promedio los acompañaran tres familiares, esa tarde marcharon 200 mil electricistas y sus familias. A esta cantidad hay que agregar las cientos de organizaciones sociales, civiles y sindicales que acudieron multitudinariamente en apoyo a los electricistas. Incluso las organizaciones que no se movilizan ni en defensa propia, como el sindicato telefonista (cuyo dueño y presidente vitalicio es el flamante diputado Francisco Hernández Juárez), ese día marcharon más de mil trabajadores, a pesar de que el susodicho líder eterno los convocó sólo mediante una fría y ambigua circular.
Seguramente muchas personas que simpatizan con el SME o rechazan el autoritarismo del gobierno no pudieron o no quisieron participar en la movilización. Considerando que no es fácil dedicar una tarde entera para participar en una protesta política, sin exagerar podemos suponer que cuando menos por cada asistente a la marcha otros cinco, que están de acuerdo con dicha protesta, no fueron. Por lo tanto, cuando menos 3 millones de personas en el valle de México apoyan al SME. ¡Terrible fracaso del autoritarismo y su propaganda!
A las conservadoras cuentas anteriores hay que agregar la inconformidad de los usuarios del servicio eléctrico en el resto del país, pues CFE hace cobros indebidos, da un servicio más costoso y de mala calidad. Otros tantos ciudadanos rechazan en general las políticas del gobierno de Calderón y no lo apoyan en esta arbitrariedad. Finalmente es dudoso que la mayoría de la gente coincida en que es una estrategia válida para luchar contra la pobreza mandar al desempleo a casi 45 mil trabajadores.
En cualquier país democrático y en el que exista un estado de derecho, una movilización de medio millón de personas es atendida por el gobierno, que cancela su plan, el ministro responsable renuncia, etc., pero en México la opinión ciudadana no es escuchada. Para resolver los conflictos políticos los ciudadanos deben recurrir a una prolongada lucha de desgaste o a acciones más enérgicas como los paros.
Finalmente, no son pocos los abogados que públicamente han denunciado como ilegal el decreto de Calderón. Incluso una juez federal otorgó el 30 de octubre al SME la suspensión provisional del acto reclamado, es decir, dio entrada en principio al amparo que los electricistas interpusieron contra el decreto de extinción de Luz y Fuerza. En consecuencia, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) no pudo dar por concluida la relación laboral entre los Trabajadores y la empresa, no pudo dar por concluido el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) y tuvo que reconocer al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) como organización representativa de los trabajadores (que no extrabajadores) de Luz y Fuerza del Centro.
Ya encarrerado el SME y para potenciar el apoyo popular con que cuenta, acordó proponer a la asamblea nacional del 5 de noviembre realizar un paro cívico nacional el miércoles 11, es decir, extender de manera activa el movimiento a todo el país. Entre tanto, el secretario del trabajo, Javier lozano, en conferencia de prensa el 4 de noviembre, hizo berrinche en representación de su jefe. Dijo que la junta federal de conciliación y arbitraje reconoció como representantes de los trabajadores a los otros miembros del comité Central del SME, pero no a Martín Esparza, porque ese señor le choca al presidente (¡humm!).
No parece que estemos muy cerca del final de este conflicto y no es posible prever cómo se resolverá, pero su alargamiento y extensión no serán buenos para el gobierno de Calderón que se encuentra gravemente debilitado y aislado. Pero el tiempo también corre contra los electricistas pues depende de la solidaridad de trabajadores y ciudadanos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario