La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió conceder el amparo que solicitaron a quienes perpetraron la masacre de Acteal en 1997 y en consecuencia fueron liberados. El argumento de los ministros fue que el procedimiento para detenerlos y procesarlos fue incorrecto y plagado de fallas.
En 2006 El tribunal Federal Electoral dijo que Calderón y sus compinches hicieron trampa en las elecciones y que Fox y otros metieron mano negra, pero poco, no mucho, y en consecuencia la elección era válida. En el caso Lidia Cacho la Suprema Corte dijo que se violaron sus derechos humanos, pero no mucho y ni modo. Ahora el argumento es que el proceso fue incorrecto, como si fuera una novedad que en México la autoridad (ministerio público y jueces) hacen mal su trabajo intencionalmente para garantizar a los inculpados la absolución. Hoy los ministros descubren irregularidades escandalosas y so pretexto de ello liberan a asesinos confesos, gente que recibio dinero y una botella de alcohol por matar a sangre fris, con premeditación y ventaja absoluta a personas indefensas, que en muchos casos eran examigos, vecinos y hasta parientes.
Una vez más los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos dicen que en México la ley y la justicia no son compatibles.
Paradójico es el resultado de sus razonamientos, pues mientras las irregularidades en el proceso y supuestas o reales violaciones a los derechos humanos de los acusados sirven para dejar en libertad a los asesinos de Acteal, circunstancia semejante (irregularidades en el proceso y violaciones a los derechos humanos) no funciona para liberar a las victimas de la represión gubernamental en san Salvador Atenco, acusadas de un montón de cosas, pero no de homicidio.
Cada vez que los magistrados deben ocuparse de un caso importante interpretan la ley a conveniencia de del gobierno o de los grandes empresarios. Así, se suma la interpretación malintencionada de la leyes a su hechura a conveniencia de los ricos.
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